Se terminó la Guerra Fría del vino

El brote de filoxera reaviva un viejo debate: ¿es posible hablar de identidad vitícola cuando la uva viaja más que el enólogo?

Durante años, la viticultura canaria ha convivido con una tensión larvada, apenas pronunciada en voz alta, pero siempre presente entre pasillos, catas y documentos técnicos. Una especie de Guerra Fría del vino, donde los modelos de producción convivían más por obligación que por consenso. De un lado, quienes defienden que el vino debe elaborarse con las uvas nacidas en el mismo territorio que lo embotella. Del otro, los que han apostado por una interpretación más amplia, en la que las uvas pueden cruzar valles e islas siempre que la calidad se mantenga.

Este equilibrio silencioso, que nunca llegó a convertirse en conflicto abierto, ha saltado por los aires tras la confirmación del brote de filoxera en Tenerife. La plaga, detectada en Valle de Guerra y zonas colindantes, ha obligado al Gobierno de Canarias a dictar medidas urgentes, entre ellas, la prohibición del movimiento de material vegetal entre comarcas e islas. Y con ello, lo que era una diferencia de enfoque se ha convertido en una división visible: han reaparecido los bandos.

Una práctica silenciada que ahora cobra visibilidad

Aunque tradicionalmente cada comarca vitivinícola en Canarias elaboraba su vino con uvas propias, el modelo suprainsular de la Denominación de Origen Islas Canarias, gestionada por AVIBO, introdujo una nueva lógica. Esta permite que bodegas de una isla puedan vinificar con uvas de otra, algo que si bien legal bajo su reglamento, genera tensiones cuando se trata de proteger lo autóctono y lo propio.

Lo cierto es que muchas bodegas siguen respetando el principio de cercanía, vinificando lo que cultivan, apostando por viñedos viejos y variedades arraigadas a su suelo. Otras, en cambio, han optado por la movilidad como recurso técnico y comercial. Ninguna está en falta legal. Pero ahora, con el cerrojo impuesto por la filoxera, se ha forzado una pausa que permite —quizá por primera vez con esta claridad— poner sobre la mesa una pregunta que el sector había evitado: ¿qué significa realmente hacer vino en Canarias?

El dilema de la trazabilidad: entre identidad y eficiencia

Para los defensores del modelo territorial —entre ellos varias denominaciones históricas como Tacoronte-Acentejo o Valle de La Orotava—, la prohibición de movimientos es una oportunidad para reforzar la coherencia de un sistema que valora el origen como eje del relato vitícola. Para quienes operan bajo la lógica suprainsular, sin embargo, la medida supone una traba que llega justo en plena vendimia, alterando su logística, comprometiendo rentabilidad y generando incertidumbre.

Desde AVIBO, las declaraciones apuntan a que el control fitosanitario es prioritario, pero también han expresado su rechazo a lo que consideran restricciones excesivas para un brote que —según sus portavoces— afecta solo a parcelas abandonadas y no a viñedos productivos. No obstante, otros sectores vitícolas piden cautela y ven en esta crisis una oportunidad para reforzar la trazabilidad, el arraigo y la diferenciación territorial como valor de marca.

Más allá del debate técnico y territorial, lo cierto es que el cese del movimiento de uvas entre comarcas e islas está comenzando a tener consecuencias tangibles para algunas bodegas del archipiélago. Especialmente aquellas cuya estructura productiva depende de uvas procedentes de otras zonas, y que ahora se enfrentan a un escenario incierto justo en plena vendimia.

La imposibilidad de trasladar materia prima no solo paraliza procesos logísticos ya en marcha, sino que compromete la viabilidad económica de pequeñas y medianas bodegas que, sin alternativa inmediata, podrían ver afectada su producción anual. Lo que para unos es una medida de protección sanitaria, para otros representa un freno operativo con impacto real en el empleo rural, en la rentabilidad del sector y en la supervivencia de marcas consolidadas.

Si la situación se prolonga, el riesgo de que algunas bodegas cesen temporalmente su actividad o pierdan parte de su cosecha no es menor, y empieza a resonar con fuerza entre los actores del sector.

Más allá de la filoxera: el modelo de vino que queremos construir

La filoxera no es solo una plaga. Es un punto de inflexión. Una alerta natural que obliga a mirar hacia dentro y cuestionar prácticas que, aunque funcionales, pueden no ser sostenibles ni coherentes a largo plazo. ¿Queremos un vino canario que pueda nacer en una isla y embotellarse en otra sin que el consumidor lo perciba? ¿O aspiramos a que cada comarca mantenga su voz, incluso si eso significa limitar ciertas dinámicas de mercado?

El debate no es nuevo, pero esta vez no se puede seguir esquivando. La crisis sanitaria del viñedo ha dejado al descubierto lo que antes se susurraba: hay modelos de vino en conflicto. Y no se trata de buenos o malos, sino de distintas formas de entender la identidad, la economía y el futuro de la viticultura en un territorio fragmentado, pero intensamente diverso como Canarias.

Hoy, más que nunca, toca decidir si la unidad del vino canario debe construirse desde la suma de singularidades o desde la homogenización de procesos. Porque se terminó la Guerra Fría del vino. Y ya no basta con convivir: hay que dialogar, decidir y —por fin— actuar.

Recursos públicos para entender y actuar frente a la filoxera

En medio de la complejidad técnica y emocional que rodea a la llegada de la filoxera a Canarias, el Gobierno autonómico ha habilitado varias herramientas de consulta pública para informar, prevenir y coordinar esfuerzos en torno a esta plaga.

Una de las más completas es la plataforma www.filoxera.es, donde se puede acceder a normativa actualizada, mapas de zonas afectadas, fichas con síntomas, recomendaciones para agricultores y hasta un sistema predictivo basado en inteligencia artificial. Además, mediante el visor geográfico de GRAFCAN es posible consultar en tiempo real las áreas delimitadas por la Consejería de Agricultura en Tenerife, visualizando los focos y zonas tampón activadas. 

Esta labor institucional, aunque aún en desarrollo, supone un avance importante en la transparencia de datos y puede convertirse en un instrumento clave para que viticultores, bodegueros y ciudadanía en general comprendan el alcance real del problema y contribuyan a su contención.